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11 de Noviembre, 2013

Mauricio Peñaloza: “Hoy la clase media es el motor del desarrollo económico y laboral del país”

Aumentar la participación de la mujer en el trabajo, mayores derechos para los trabajadores y el incremento de las remu-neraciones son parte de los efectos que han generado las transfor-maciones en materia laboral efectuadas durante los últimos 25 años. Comenzando en el gobierno del ex presidente Patricio Aylwin, donde se impulsaron importantes reformas que se gestaron producto de la serie de reuniones que sostuvieron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para avanzar hacia una política de consensos e impulsar un acuerdo que desarrollara una legislación laboral mucho más equitativa.

Arturo Martínez, quien durante esa época ejercía como vicepresi-dente de la CUT, recuerda que se estableció un pacto para proponer una reforma laboral que “modificara el enfoque de la legislación que había dejado José Piiiera (ex ministro del Trabajo del régimen militar), pues él la orientó hacia la relación individual del trabajo”.

Martínez explica que los empresarios coincidieron en que había que darle una “relación colectiva a través de una organización”, porque un solo trabajador no tenía condiciones ni capacidad para relacionarse con la empresa.

“Fue un Acuerdo Marco entre empresarios y trabajadores: no-sotros reconocimos a la empresa como motor de desarrollo y ellos reconocieron que sí debían hacerse reformas laborales que dejaran las partes en igualdad. Esa fue la declaración de principios de ese acuerdo”, puntualiza.

Relaciones laborales

Tras este consenso, el entonces ministro del Trabajo, René Cortázar, echó a andar una serie de iniciativas orientadas en los principios de equidad, autonomía social y eficacia para el desarrollo. De hecho Mauricio Peñaloza, socio de Consultoría en Human Capital de EY (ex Ernst & Young), destaca que las leyes más importantes dejadas por el ex presidente Aylwin y su ministro Cortázar, fueron sobre la Terminación de Contrato de Trabajo y la Ley sobre Sindicatos y Negociación Colectiva, pues ambas “modificaron tres materias sustanciales para el mercado laboral chileno, manteniéndose hoy gran parte de la estructura vigente”.

Dentro de los cambios establecidos, el documento “Una política laboral para una nueva realidad”, de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), sobresale, por ejemplo, el aumento de cinco a once meses en el monto máximo de indemnizaciones por despido; la creación de un mecanismo indemnizatorio para trabajadoras de casa particular; aumento de los días de descanso de quienes distri-buyen su jornada en seis días; fortalecimiento de la responsabilidad subsidiaria de los empleadores respecto de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores de sus subcontratistas, y la fijación de remuneraciones mínimas para trabajadores mayores de 65 años y de casa particular.

Respecto al principio de autonomía social, expresado en la bús-queda del fortalecimiento del papel de la sociedad, “se suprimió la prohibición de constituir sindicatos de los trabajadores de temporada de la agricultura, y se permitió que los sindicatos de trabajadores eventuales pudieran firmar convenios colectivos. También se eliminó la prohibición de negociar más allá de la empresa cuando las partes así lo acuerden. Como un modo de favorecer el desarrollo de las organizaciones sindicales, se-fortaleció el fuero y se aumentaron los permisos para sus dirigentes, perfeccionándose los mecanismos de financiamiento”, reza el documento de Cieplan.

PENSIONES Y CAPACITACIÓN Con las reformas, se perfeccionó el sistema de seguridad social. En ese sentido, el informe de Cieplan argumenta que “los pensio-nados recibieron el reajuste del 10,6% que nos le fue pagado en 1985. Dicho ajuste fue entregado partiendo de las pensiones más bajas, y para ello se destinaron más de US$ 150 millones al año”. El estudio también destaca la Ley promulgada en la época, que ase-guraba un reajuste una vez al año, al menos, a los pensionados del antiguo sistema (aunque la inflación no hubiera alcanzado al 15°/0), y otro cuerpo legal que mejoró las pensiones de los trabajadores del sector público afiliados al antiguo sistema previsional, de modo que su pensión se calculara sobre la totalidad de su remuneración imponible. Con ello, dice el documento, “los beneficiarios reciben una jubilación entre 50% y 130% superior a la que habrían obtenido sin la aplicación de la nueva normativa”.

En cuanto al nuevo sistema previsional, se creó el mecanismo de pago preliminar de pensiones que redujo de seis a no más de 15 días el plazo de espera para que un pensionado reciba su primer pago, y “también se procuró una mayor transparencia a la información sobre rentabilidad que recibe el trabajador”, resalta el texto.

Asimismo, se realizaron reformas en materia de capacitación y formación profesional, junto con políticas hacia la mujer y familia.

Para Ricardo Solari, ministro del Trabajo del ex presidente Ricardo Lagos, los cambios hechos durante la transición fueron “muy im-portantes” pues se eliminaron los mínimos sociales tras el acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Ejecutivo, a partir de lo cual “el país inició la senda progresiva de aumento permanente del salario mínimo y las pensiones mínimas. Chile tomó conciencia que había que hacer estos cambios”.

Sin embargo, a juicio de Martínez, “se perdió la oportunidad de hacer las reformas que se venían discutiendo durante todo el proceso de la dictadura. Las reformas hechas no resolvieron el problema de fondo del desequilibrio que había. El acuerdo marco era mucho más importante y más avanzado que las transformaciones que hizo René Cortázar”.

LAS OTRAS REFORMAS Desde las políticas de acuerdos laborales del gobierno de Aylwin, hasta la extensión del postnatal en la administración de Sebastián Piñera, “ha habido un período largo de transformaciones que quizás no son tan profundas como se quisieran, pero que han tenido siempre un ritmo progresivo”, opina Solari. En esa línea, enumera que durante el gobierno de Ricardo Lagos, se estableció el Seguro de Cesantía y se crearon los Multifondos, entre otras reformas.

“Armamos toda la estructura destinada a tener un sistema judicial laboral más moderno, con una cobertura más amplia, que permitiera el acceso oportuno y rápido para los trabajadores”, detalla. Además, destaca que el Seguro de Cesantía era “una institución que no existía” y que hoy, millones de trabajadores afiliados reciben prestaciones de ingresos que antes no estaban disponibles para ellos. “Es un instrumento creado para dar amparo y protección. Afortunadamente, no ha habido períodos largos de desempleo en esta última década”, acota Solari.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, se realizó la Reforma Previsional y se promulgaron la Ley de Subcontratación, los Tribunales Laborales y el procedimiento laboral. Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo de esa administración y actual diputado PS, explica que con la Ley de Subcontratación, se reguló la responsabilidad del mandante respecto a los trabajadores de la subcontratista. Dice además, que se construyó un Pilar Solidario que se hiciera a cargo de quienes no tenían cotizaciones y que tuvieran pensiones muy bajas. Respecto a los Tribunales Laborales, acota que significaron la restitución de la judicatura laboral para procedimientos especiales en temas vinculados con el trabajo.

Andrade califica como “muy importante” la reforma laboral que impulsó la administración de Aylwin, pues se produjo tras un diálogo social entre la CPC y la CUT, y sostiene que las reformas hechas con posterioridad, “han sido sostenidas, más que sustantivas: han ido mejorando aspectos, resolviendo situaciones, pero una reforma laboral de fondo no hemos tenido”, afirma.

LUCES Y SOMBRAS De acuerdo con Mauricio Peñaloza de EY, los cambios laborales impulsados durante las dos últimas décadas han tenido como consecuencia el fomento del empleo y del trabajo formal, precisando que “hoy tenemos una gran clase media, con contrato de trabajo formal y cobertura de seguridad social. Se trata de una clase media que, más extensa y con mejores ingresos, es el motor del desarrollo económico y laboral del país”, asevera.

“Actualmente, Chile tiene un promedio de ingreso mensual por trabajador de $ 550 mil, y un ingreso mínimo mensual (IMM) legal de $ 210 mil, lo que significa que el promedio de nuestros trabajadores gana, cada mes, más de US$ 1.000, en tanto que el IMM supera los US$ 400, lo que era impensado hace 25 años”, subraya.

Pefialoza también resalta el fomento a la incorporación de la mujer al trabajo, explicitando que hace 25 años las cifras de participación laboral femenina eran muy bajas en comparación con las de hoy, “que están cerca del 50%. Aún nos falta mucho para llegar a la participación de los países desarrollados (70°/0) pero lo relevante es que en todos estos años se han ido efectuando cambios que paulati-namente han mejorado esta participación. En este sentido, la urgente modificación al sistema de salas cuna y al Sence, para concentrarlo en las mujeres, es esencial para acelerar este proceso”.

Para Martínez, se deben hacer modificaciones en materia de Multirut y negociación colectiva, criticando la voluntad política que existe para hacer cambios laborales y sostiene que es “un tema postergado”.

“En el Congreso no se dan el tiempo de escuchar las razones de los dirigentes sindicales. El tema del Multirut se resuelve diciendo que la empresa es una sola, tenga los Rut que tenga, en cuanto esa misma empresa pertenezca a un mismo dueño o compañía. Eso es todo lo que tiene que decir la Ley”.

En esta materia, Solari manifiesta que “nunca” tuvieron la mayoría correspondiente para aprobarlo y espera que en un eventual nuevo gobierno de Bachelet, puedan tener los votos necesarios para sacar adelante esta iniciativa.

Con todo, precisa que se debe “seguir preocupando por la calidad y cantidad del empleo, hacer una gran transformación en negociación colectiva y fortalecer la sindicalización, junto con mejorar la calidad de capacitación que reciben los trabajadores chilenos”.

Fuente: Diario Financiero