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14 de Julio, 2014

Auditoras apoyan nuevas facultades para el SII y piden recursos para tribunales tributarios

Uno de los puntos más conflictivos en la discusión del proyecto de ley de reforma tributaria -además de la renta atribuida- fueron las nuevas facultades que el Gobierno le entregará el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la elaboración de una norma general antielusión. Tras la negociación de Hacienda con los equipos técnicos de la UDI y de RN en la elaboración del protocolo de acuerdo firmado la semana pasada, finalmente 11 precisiones se hicieron en esta materia, incorporando gran parte de las inquietudes que las mayores auditoras del país -PwC, EY, KPMG y Deloitte- presentaron durante la discusión legislativa.

En general, las auditoras valoran los cambios. "La versión final aún no la conocemos, sin embargo, el compromiso asumido es de iniciar estas disposiciones con la declaración de que el contribuyente tiene la legítima opción de elegir la vía económicamente menos gravosa, siempre que su objetivo no haya sido la elusión de impuestos. El iniciar estas normas reconociendo la buena fe del contribuyente, claramente es un aporte", dice Soledad Recabarren, de EY.

Los puntos con mayores cambios son los que siguen:

1 Instancia jurídica. El proyecto inicial permitía que el propio SII, a través de un proceso administrativo, determinara si el contribuyente estaba realizando un acto potencialmente elusivo o simulado. Ahora, eso se dará a través de una instancia jurídica, ya que serán los propios Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) los que calificarán la acción a partir de la solicitud del Director del SII. El juez del TTA definirá también las sanciones correspondientes. "Nos parece correcto. Sin embargo, creemos que se podría precisar la norma para que el juez que efectúe la recalificación no sea el mismo que falle en una segunda etapa en el tema de fondo", dice Hugo Hurtado, de Deloitte.

2 Libertad de elegir. Se redactará la norma general antielusión con lenguaje de la idiosincrasia jurídica chilena, ya se ocuparon inicialmente expresiones del derecho español y del alemán, ajenas a la realidad nacional. Ahí se reconocerá el principio de buena fe y la libertad contractual del contribuyente, resguardando la posibilidad de ejercer la economía de opción. Es decir, la posibilidad de elegir entre alternativas lícitas y legítimas para pagar menos impuesto sin que sea calificado necesariamente como elusión, como se entendía en el primer texto del proyecto.

3 Peso de la prueba. El peso de la prueba corresponderá al SII y no al contribuyente. Es decir, si el SII determina que se está practicando un acto de elusión o simulación, el propio organismo tendrá que presentar pruebas concretas de ello, y no el contribuyente. "Creemos que esta modificación al proyecto está alineada con nuestra legislación civil, en cuanto debe probar la existencia de una obligación/hecho aquel que la alega. En ese caso, la autoridad tributaria", dice Hurtado.

4 Otros. La norma general antielusión solo aplicará para actos, contratos y transacciones futuras, a partir de la entrada en vigencia de la ley. "Eso otorga certeza y tranquilidad jurídica a los contribuyentes", dice Recabarren. Además, se suprimirá la norma contenida en el proyecto de ley que permite renovar el plazo de prescripción en el caso de justificación de inversiones.

Recuadro :
El proyecto mejora, en materia de derechos del contribuyente. Se alinea de mejor forma con nuestro ordenamiento jurídico y con los estándares internacionales, respecto de la norma general antielusión".
HUGO HURTADO
DIRECTOR DE INTERNATIONAL TAX, TAX & LEGAL DE DELOITTE.

SOLEDAD RECABARREN
SOCIA DE CONSULTORÍA TRIBUTARIA DE EY
El contribuyente tiene la legítima opción de elegir la vía económicamente menos gravosa, siempre que su objetivo no haya sido la elusión. El iniciar estas normas reconociendo la buena fe del contribuyente es un aporte".

Puntos por aclarar
Las aminoras coinciden en que un punto clave quedó fuera del proyecto: la autonomía económica de los TTA. Hoy, los presupuestos de dichos tribunales dependen del Ministerio de Hacienda, del que también depende el Sil. Lo ideal, según precisan, es que los TTA pasen a depender del Poder Judicial, para que éste apruebe y provea su financiamiento, asegurando aún Inés su independencia. Además, están a la espera de la redacción de las indicaciones del proyecto para saber si finalmente se eliminará o no la multa a los asesores tributarios, que puede llegar acercado $50 millones.

Reforma Tributaria

Fuente: El Mercurio