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3 de Septiembre, 2014

"TC, impuesto adicional y exportadores", por Ignacio Iriarte

Recientemente, el Tribunal Constitucional rechazó por seis votos a favor y cuatro en contra un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el juez tributario y aduanero de la Región de Los Ríos respecto del inciso 4° número 2 del artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual establece una exención de impuesto adicional a las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero pagadas a personas sin domicilio o residencia en Chile, exigiendo para ello la presentación de una declaración jurada informativa en los plazos que el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) determine. Dicho beneficio es principalmente utilizado por exportadores, quienes deben cumplir con el pago a diversos proveedores fuera del país.

Cabe destacar la jurisprudencia creada en base al fundamento del fallo, en particular el establecido en su considerando octavo, en el cual se afirma que el patrón de exigencia respecto al principio de legalidad en materia tributaria es distinto si estamos frente a una norma que dispone un impuesto o una exención, siendo más riguroso en el primer caso.

Esta afirmación, que incluso va en contra de otros fallos dictados por el mismo tribunal, fue refutada por el voto de minoría, señalando que no existe una argumentación valida que permita afirmar un régimen diferenciador de acatamiento de dicho principio, para normas que establecen una obligación tributaria respecto de aquellas que disponen un privilegio impositivo a favor de los contribuyentes.

A nuestro entender, y compartiendo lo razonado en el voto de minoría, no resulta correcto pretender que el principio de legalidad en materia tributaria pueda ser aplicado con mayor o menor rigurosidad dependiendo del tipo de norma.

De lo contrario, podría entenderse que existen normas o principios “más o menos” obligatorios, lo cual pugna con nuestro ordenamiento jurídico, produciendo incertidumbre y arbitrariedades, efectos que, precisamente, la ley debe evitar.

Fuente: Diario Pulso