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13 de Enero, 2015

Paula Warnier sobre Reforma Laboral: "Rigidez de las funciones podría limitar sus posibilidades de progreso"

La agenda laboral presentada por la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, contempla una serie de proyectos “paralelos” a la destacada reforma a las relaciones laborales, que contempla modificaciones sobre todo para el mundo sindical. Como han señalado expertos del área, en Chile el 73% de las empresas no serían tan afectadas por esta legislación puesto que no cuentan con la cantidad de trabajadores necesarios para sindicalizarse (8 o más), por tanto, en el mundo pyme la preocupación corre por cuenta de otros cambios que actualmente se tramitan en el Congreso; la limitación a la polifuncionalidad, la prohibición de la subcontratación de labores inherentes al giro principal de la empresa y la limitación a la contratación por obra y faena.

Polifuncionalidad
Este proyecto, que se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo, apunta a limitar la polifuncionalidad de manera que un trabajador no pueda ser contratado para realizar cualquier labor que solicite el empleador, sino que en caso que se pida que realice diversas funciones, estas deberán responder a la naturaleza de los servicios contratados. Por otra parte, el proyecto busca que la remuneración del trabajador vaya acorde a las labores que fueron pactadas.
Este punto es especialmente sensible para las pymes, porque es usual que los trabajadores contribuyan en distintas labores dentro de la empresa y no tendrían capacidad de contratación para suplir todas las funciones.
En este sentido, la abogada Paola Cabezas, socia de BC Abogados, aseguró que la ley es “innecesaria” y que “rigidiza” el mercado laboral, dado que el Código del Trabajo ya obliga a establecer la naturaleza de los servicios que se prestan. “Esto raya en lo ridículo, ¿no le puedo pedir a mis empleados que mantengan el orden de sus escritorios, deberé contratar una empresa que les ordene los mismos?”, cuestionó Cabezas, y agregó que “me parece que estamos fomentando la ley del mínimo esfuerzo. Hay mecanismos de defensa ante abusos cuando estos existen”.
Asimismo, Paula Warnier, gerente senior de Consultoría en Transacciones de EY (ex Ernst & Young), explicó que, desde la perspectiva del trabajador, “la rigidez de las funciones podría limitar sus posibilidades de progreso y movilidad dentro de la organización. Respecto de la empresa, para aquellas pequeñas y medianas podría ser inviable no poder asignar distintas tareas a un mismo trabajador”.

Subcontratación
El proyecto de ley que presentó el diputado Osvaldo Andrade (PS) en agosto pretende “establecer, en forma expresa, una nueva limitación respecto de la posibilidad de externalizar labores propias del giro de la empresa”, según señala el documento. En este sentido, se aspira que las empresas “asuman patrimonialmente la responsabilidad correspondiente a los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios para ellas” e incorpora multas desde 2.500 UTM a 10.000 UTM.
Esta es una de las normas que más preocupa a las pymes, como ha señalado Juan Pablo Swett, presidente de la Asech, porque podría llevar a las grandes empresas a internalizar los servicios que prestan las pymes, lo que tendría un impacto muy dañino.
En esta línea, Warnier sostuvo que “esta reforma afectará a todas las empresas, grandes, medianas y sobre todo a las pequeñas, ya que deberán evaluar la alternativa de incorporar a este personal a sus propias nóminas, lo que incrementará los costos operacionales”.
De misma manera, Cabezas advirtió que “aquí los más perjudicados son nuevamente las pymes, porque será muy difícil establecer que es “inherente” en una empresa de 8 personas “¿Lo servicios contables- que son generalmente tercerizados- son inherentes o no? Lo veo peligroso“, afirmó. Además, la experta aseguró que “es altamente inconstitucional y arbitrario que sea la Inspección del Trabajo, un órgano muy ideologizado, quien decida qué es inherente a la labor de cada empresa”.

Contratos por Obra y Faena
Se propone un límite en los contratos por obra y faena cuando un trabajador preste servicios en diversas actividades para un mismo empleador durante 240 días o más en un lapso de 12 meses, en cuyo caso deberá contar con un contrato indefinido. Actualmente el proyecto se discute en la Comisión de Trabajo del Senado y ha generado mucho ruido entre los empresarios del sector construcción y en el agro que concentran la mayor cantidad de estos contratos. En este caso, la abogada Cabezas nuevamente cuestionó la necesidad de establecer una ley para algo “que ya está regulado. Establecer un plazo de 240 días es rigidizar el tipo de contrato, todo lo contrario a lo que este entrega. Cuando un empleador abusa en este sentido, escondiendo una relación indefinida en términos laborales, los jueces lo entienden muy rápido y así lo sancionan”.
Por su parte, Warnier afirmó que como efecto las empresas podrían contratar el mínimo de personal para desempeñarse en labores “relativamente permanentes”, lo que disminuiría el empleo en empresas cuyo negocio sea la prestación de servicios para obras o faenas.

Fuente: Diario Estrategia