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8 de Marzo, 2015

Rubén López y la consulta pública de SVS para cambiar la normativa que rige a los gobiernos corporativos: "Es un avance"

A comienzos de esta semana la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició la consulta pública de un documento que sentará las bases para modificar la normativa que rige a los gobiernos corporativos.

La propuesta estará en consulta hasta el próximo 3 abril, fecha límite para que los interesados en hacer aportes o comentarios puedan entregar sus impresiones sobre el documento que incluye 22 modificaciones al marco regulatorio, de los cuales 21 cambios son referentes a la Norma de Carácter General 341 y sus anexos, y una regla general a la normativa 30.

Una de las novedades que trae consigo esta consulta es el nuevo mecanismo de reuniones posteriores al plazo de entrega de comentarios, que permitirá a los interesados entregar in situ sus aportes u observaciones sobre el documento. “Hemos recibido muchas manifestaciones de interés por participar en estas reuniones de carácter consultivo, ha tenido una buena recepción y hay muchas personas interesadas por participar, ratificando nuestro convencimiento de que aquí va a surgir una muy buena normativa que apunta a perfeccionar nuestra regulación y otorgarles mayor y mejor información a los accionistas”, explica el superintendente, Carlos Pavez.
Para Rubén López, socio líder de Assurance de EY, esta propuesta permite perfeccionar la norma vigente, ya que “entrega más detalles sobre los aspectos en los que se evalúa el funcionamiento de los gobiernos corporativos de las sociedades. Es un avance muy importante, sobre todo al tomar en cuenta los últimos escándalos financieros que ha habido en el último tiempo en el mercado chileno, relacionados con debilidades de gobierno corporativo”, asegura.

Cumpla o explique

Esta propuesta propone que las compañías transparenten la adhesión a los cambios de la norma 341, que es de carácter voluntario. Por ello se explicita que las sociedades anónimas deberán adoptar estos cambios al cierre del 31 de diciembre de 2014 e informar hasta el 31 de marzo cómo han sido implementadas. En caso de no adherir, la compañía estará obligada a explicar las razones por las cuales no lo hizo y en caso de encontrarse en proceso de implementación, indicar cuál es el grado de avance alcanzado. Para Pavez, este sistema, conocido como complain or explain, genera los incentivos suficientes para que las empresas se sumen a estos cambios. La autoridad estima que ello ayudará a la reputación de las firmas.

En este sentido un punto relevante puede ser la información de las políticas de remuneraciones y compensaciones e indemnización. Por ejemplo, la propuesta indica que
las empresas informen si se han revisado o corregido eventuales incentivos a la plana ejecutiva a cometer delitos o actos contrarios a las políticas definidas por la empresa, las que, además, deberán ser aprobadas por los accionistas.

Una visión distinta es la del director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, Dieter Linneberg, porque, a su juicio, no todas las medidas son aplicables por igual a las distintas compañías. “El gobierno corporativo, si bien contempla principios que se reconocen, fundamentalmente debe responder a prácticas concretas, las que no para todas las organizaciones son igualmente positivas o necesarias”, explica.

Más asesorías

Un punto que ha llamado la atención en este documento es el incremento de la labor de asesores externos, ya sea personales para los mismos directores o de algunos
estudios, realizados por personal externo, para el gobierno corporativo o la misma compañía.

Por ejemplo, se propone que agentes externos determinen, a través de una asesoría la idoneidad del número de reuniones del directorio o las horas que deberá destinar a esta labor cada representante. Además, se precisa que los asesores personales de cada director podrán asistir a las sesiones, lo que puede tener un impacto en las prácticas de los gobiernos corporativos y en los costos de administración, lo que ya puso en alerta a las empresas. “Que cada director contrate asesores para una mejor toma de decisiones puede ser muy costoso y complejo de implementar. Pero más allá de los costos, creo que el tema va por el fuerte cambio cultural que representa para las habituales prácticas de los directorios, que funcionan hacia adentro”, explica Gonzalo Jiménez, director ejecutivo del Centro de Familias Empresarias & Empresas Familiares UDD.

Pavez reconoce que esta labor podría tener un impacto en la estructura de costos de los gobiernos corporativos, pero, a su vez, destaca que el proceso de consulta también invita a los participantes a entregar un Informe de Evaluación de los Impactos Regulatorios. “Estamos invitando a que nos aporten mayores antecedentes sobre cuáles son los costos involucrados. Estamos conscientes de que tenemos que pronunciarnos sobre los costos para dar la tranquilidad de que esto es beneficioso para un mejor funcionamiento del mercado”, agrega Pavez.

Linneberg precisa que si bien esta medida generaría mayores gastos, también disminuye los riesgos para los directores. “Se deben considerar los costos que tendrían para los accionistas las decisiones de los directorios sin la asesoría debida, así como lo expuestos que quedan los directores frente a situaciones en las que no puedan acreditar cabalmente el cumplimiento de su deber de cuidado”, señala.

De la diversidad

Una de las iniciativas más comentadas fue la modificación de la normativa general 30, que exige incluir información referente a la diversidad tanto en género, nacionalidad, edad y antigüedad en los directorios, la plana ejecutiva y la organización.

Así, las compañías deberán informar en sus memorias anuales el número de representantes que integran cada variable. Algunas de las directoras de empresas salieron a destacar esta iniciativa, ya que, a su juicio, la promoción de estos indicadores incentivará la mayor inclusión femenina. “Cuando esta información se publique en las memorias anuales va a haber muchos presidentes y gerentes que van a tener que dar explicaciones por la baja presencia femenina. Hoy en día, en países como Australia y el Reino Unido, se exige que las memorias anuales contengan esa información, y en ese sentido este cambio apunta en la dirección correcta que permita al país contar con las mejores prácticas”, explica Karen Poniachik, directora de empresas.

Laura Albornoz, directora de Codelco, comparte el incentivo generado por la SVS, pero, a su vez, precisa que para que esta inclusión sea una realidad es necesario evaluar las limitaciones que afectan el ascenso de las mujeres. “El incentivo de la norma de la SVS es positivo, pero además hay que evaluar qué factores inciden en que las mujeres no sean reclutadas para cargos de directorios”, agrega.

López confirma el aporte de la diversidad, porque “ha demostrado mejorar la efectividad de los gobiernos corporativos”, asegura.
Para Jiménez esto significa romper las barreras de género. “Hace un tiempo, un estudio de la OIT mostró que sólo un 5% de mujeres está en altos cargos, un error a mi juicio, dado que ellas aportan mucho al orden y las estructuras de las empresas”, aclara.
Brecha salarial por género

El cambio a la normativa 30 también considera que estas sociedades incluyan en su memoria anual las brechas salariales por género, explicitando “el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de los ejecutivos y trabajadores del género femenino respecto del masculino”, cita el documento.
Este punto ha generado algunas preocupaciones, debido a la vulneración a la privacidad que podría generar en pequeños equipos. Al respecto, Pavez señaló que la propuesta va en la línea de entregar antecedentes generales, “pero, insisto, estamos abiertos de hacer una evaluación de todos los comentarios, de todas las propuestas para enriquecer el trabajo que hemos estado realizando”, explica.

On line

Una de las propuestas más innovadoras dice relación con abrir canales para relacionarse con las sociedades en un formato on line. Tal es el caso de la votación remota, donde la compañía cuente con medios que permitan al accionista ejercer su voto y participar de las juntas. La iniciativa también plantea contar con un sistema que permita observar a distancia y en tiempo real los acontecimientos que están ocurriendo durante la junta.

Fuentes: La Tercera
La Tercera (segunda parte)