Sala de Prensa

Cristián Lefevre

Cristián Lefevre

Negocios, empresas y estrategia EY.

Rubén López

Rubén López

Assurance

Horacio Bustos

Horacio Bustos

Temas regionales

Eliminado

Eliminado

Riesgos corporativos

Eliminado

Eliminado

Tecnología de la información

Ver todos

Negocios, empresas y estrategia EY.

Cristián Lefevre

Negocios, empresas y estrategia EY.

Assurance

Rubén López

Assurance

Temas regionales

Horacio Bustos

Temas regionales

Riesgos corporativos

Eliminado

Riesgos corporativos

Tecnología de la información

Eliminado

Tecnología de la información

Ver todos

Sala de Prensa

18 de Enero, 2016

"Contra-Intuitivo", por Alicia Domínguez

Actualmente hay un tema de gran relevancia e impacto para las empresas del cual, a pesar de su importancia, se ha hablado muy poco. Se trata de la forma en que el Estado castiga a las empresas que invierten en Responsabilidad Social Empresarial. Así es: el Estado castiga a las empresas socialmente responsables con el “látigo de los impuestos”. Antes de exponer el tecnicismo tributario, es importante detenerse y reflexionar sobre el mensaje contradictorio y contra-intuitivo que reciben las empresas por parte del Estado.

Por un lado Estado y ciudadanos exigimos – y cada vez con mayor intensidad- que las empresas sean socialmente responsables y, por otro, ese mismo Estado las castiga manteniendo una normativa añeja que impone una infundada onerosidad a las empresas que invierten en el desarrollo y preservación de un emprendimiento sustentable. Las acepciones más holísticas y progresistas califican a una empresa como socialmente responsable cuando en su proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados.

Estudios demuestran que un comportamiento socialmente responsable no es gratuito ni caritativo, sino el resultado de una creciente exigencia de los distintos actores con los que debe relacionarse la empresa, bajo el riesgo de simplemente no poder desarrollar su negocio si no cumple con las legítimas expectativas de sus grupos de interés (accionistas, empleados, proveedores, clientes, Estado, etc.) dentro de los que ha venido emergiendo la comunidad impactada con el desarrollo del nuevo emprendimiento. La leyes tributarias están castigando a las empresas socialmente responsables al imponerles una multa de 35% (que será 40% a partir del 2017) si invierten en sus relaciones con la comunidad.

En efecto, los gastos por responsabilidad social empresarial no califican como gasto aceptado para efectos tributarios, es decir, aun cuando rebajen la utilidad de la empresa para todos los efectos legales y económicos, para efectos tributarios -sin embargo- no sirven para rebajar la renta líquida sobre la cual se aplica el impuesto a la renta. Lo anterior es sin duda negativo, pero lo aún peor y carente de racionalidad es que si la empresa se encuentra en una situación de pérdida tributaria, ese gasto por responsabilidad social empresarial es castigado con el impuesto multa antes eludido, establecido en el artículo 21 de la Ley de la Renta.

Hay situaciones de excepción, sin lugar a dudas, pero la regla debe ser la contraria. Naturalmente, no se trata de que las empresas privadas suplan el rol social del Estado, pero tampoco corresponde multarlas por un actuar necesario para el desarrollo de su negocio y para la generación de utilidades a compartir sustentablemente entre sus diferentes grupos de interés. Sin lugar a dudas acá hay un espacio enorme por mejorar. A veces no es mala intención ni incompetencia, sino simple olvido y por ello es bueno darse estos espacios para insistir en recordar que hay importantes acciones que tomar y que, por buena suerte, no son de tan compleja implementación.

Chile

Fuente: La Tercera