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6 de Abril, 2015

Bernardo Marchant y la Declaración Jurada 1851: “Amplía significativamente el espectro de los bienes y rentas que se deben declarar”

Noventa días han pasado desde que comenzó a regir la ventanilla única que la reforma tributaria abrió por este año para regularizar la situación de capitales y rentas de origen chileno que están en el exterior y que no registran el pago de impuestos. En estos tres meses, sin embargo, no le ha ido muy bien a la norma transitoria. A la fecha, sólo dos contribuyentes han iniciado formalmente la solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para acogerse al sistema excepcional de repatriación de fondos, cada uno por un monto del orden de $ 30 millones. Ambos contribuyentes son personas naturales y ya entregaron al organismo las declaraciones juradas de los bienes y rentas que quieren regularizar, además de las carpetas con los antecedentes de hecho y de derecho respecto del origen, adquisición y obtención
de los recursos.

En el gobierno, en todo caso, aclaran que hay otra veintena de consultas en marcha y que confían en que en los próximos meses un número importante se materializará en declaraciones juradas.

La apuesta del Ejecutivo respecto de esta norma en particular no es ambiciosa en términos fiscales. La estimación de la Dirección de Presupuestos (Dipres) es que por ella se recaudarán unos US$ 128 millones en 2016, cifra que representa apenas una fracción pequeña de los US$ 8.300 millones anuales que espera percibir en régimen, cuando todos los cambios contemplados por la reforma estén en plena vigencia.

El mecanismo para facilitar la repatriación de capitales tiene como principal beneficio el permitir a los contribuyentes pagar un impuesto único y sustitutivo de 8% sobre los recursos que buscan regularizar tributariamente y, además, no verse obligados a ingresar esas rentas al país. El incentivo estará vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Después de esta última fecha, los contribuyentes que quieran regularizar sus capitales en el exterior estarán obligados a pagar el Impuesto Global Complementario, cuya tasa marginal máxima puede llegar a 40%, más intereses, multas y reajustes.

La ventana tributaria regirá sólo para los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile previo al 1 de enero de 2014. Esto es así para evitar que entidades o personas lleguen al país sólo con el objetivo de acoger bienes y rentas al régimen tributario especial con tasa del 8%.
La ventana única para la repatriación de capitales no era un artículo considerado en el proyecto original de reforma tributaria, sino que surgió durante la negociación entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, que terminó en el protocolo que destrabó el proyecto en el Congreso.

Riesgos del proceso

Pero no sólo pagar una tasa cinco veces más alta de impuestos sería el costo de no acogerse a la norma este año. Abogados tributaristas advierten que como resultado de la política más agresiva de fiscalización que está llevando a cabo Impuestos Internos y de una agenda activa de intercambio de información con otras jurisdicciones, aquellas empresas o personas naturales que después de 2015 quisieran regularizar sus capitales en el exterior se podrían ver expuestas a un mayor riesgo de terminar en tribunales por el intento.

Para los tributaristas, es altamente factible que una vez cerrada la ventana el organismo, en su afán recaudador y fiscalizador, exacerbado, además, por los coletazos de los casos Penta, Caval y SQM, se vea más propenso a terminar judicializando a contribuyentes que hayan omitido estas rentas de sus declaraciones de impuestos. De ahí a pasar a la arista penal es un paso corto, advierten en el mercado.

Bernardo Marchant, partner de Servicios Tributarios EY, explica que lo anterior es una probabilidad creciente, debido a que al margen de que el contribuyente quiera o no acogerse al beneficio tributario este año, hay un hecho inminente que cambiará radicalmente las cosas para los contribuyentes empresas y personas, con capitales fuera del país, independiente de su origen. En junio próximo comenzará a regir la declaración jurada (DJ) número 1851, que “amplía significativamente el espectro de los bienes y rentas que se deben declarar, ya que todos los contribuyentes con inversiones directas o indirectas que totalicen US$ 1 millón deberán declarar sus capitales, ya sea en inversiones, acciones, trust, etc. Esta nueva declaración se presenta en junio respecto de las rentas del 2014 y es para todos igual”, afirma el profesional, quien fue el director de Grandes Contribuyentes del SII en la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

De la mano de la Ocde

Marchant precisa que al alero de la incorporación de Chile a la Ocde y en la lógica de las exigencias del organismo internacional para que el Estado chileno levante las restricciones de intercambio y acceso a información tributaria, el SII está trabajando con varias administraciones con las que tiene relación para acelerar el intercambio de información, de manera de ir preparando el terreno a la puesta en marcha de la declaración 1851. El punto es poder contrastar con mayor precisión los antecedentes que surjan del nuevo documento.

Medardo Lagos, socio de DyP Abogados, Estudio Juan Agustín Figueroa, agrega que los efectos de la nueva declaración podrían ser de gran alcance, debido a otro ingrediente que entra en la juguera del SII. “Hay un reconocimiento público de bases de datos que fueron obtenidas en el extranjero y que han estado siendo adquiridas por las entidades tributarias y fiscales de otros países, y en las cuales hay varios contribuyentes de origen chileno. Esta es otra variable a tener presente para decidir si es o no recomendable acogerse al beneficio de la ventanilla para la repatriación de capitales este año, porque una vez que pase esta ventanilla transitoria, la mirada del SII va estar evidentemente más orientada a fiscalizar, sancionar y recaudar, que a regularizar, como es el estado actual”, señala.

Lagos, quien fue abogado de la Subdirección de Fiscalización y la Dirección Grandes Contribuyentes del SII entre 1998 y 2002, asegura que “se sabe que el Ministerio de Hacienda francés le habría entregado bases de datos al Ministerio de Hacienda chileno. También sabemos que Impuestos Internos está preparando planes de fiscalización internacional con apoyo de la Ocde y que eso va dirigido a los ejecutivos de las grandes transnacionales con operaciones en Chile. Y, obviamente, el tema de la confidencialidad y reserva, de que eso esté garantizado, es otro aspecto que genera preocupación”.

“Ahí, lo que se busca es conocer, por ejemplo, los recursos que esos ejecutivos han percibido como bonos por desempeño de las acciones, por tenencia de títulos, etc. En el caso de esas personas, lo más probable es que esos incentivos se hayan pagado en el extranjero y no hayan sido declarados y tributados. Si el SII fiscaliza estos casos y no se convence de que la situación de esas rentas no buscó evadir impuestos, podría presentar una querella tributaria en contra de esos ejecutivos y de ahí lo más probable es que esto termine en lo penal”, añade el profesional, quien, además, fue gerente de Impuestos en Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, en 2007-2014.

Las facilidades del SII

Las dudas e incertidumbre que los clientes de auditoras y estudios han expresado a sus abogados han llegado también hasta las dependencias de Teatinos 120. De hecho, el SII ha creado un grupo de trabajo con profesionales de ambos sectores para analizar aquellos aspectos de la aplicación de la norma de repatriación que podrían dificultar su uso por parte de los contribuyentes. Marchant y Lagos han planteado sus dudas en dicha instancia -que está siendo principalmente liderada por el subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón- y coinciden en que Impuestos Internos “está en el espíritu de facilitar el aterrizaje de esta normativa, despejando aquellas dudas o incertezas que se han ido planteando en el camino”, afirma el segundo.

Otros abogados que también han asistido a esas reuniones con el SII aseguran que la autoridad ha mostrado disposición a respetar los espacios de interpretación de la Circular N° 8 que imparte las instrucciones sobre el sistema de declaración voluntaria y extraordinaria para el pago del impuesto único y sustitutivo, que es como se describe legalmente la ventana para la repatriación de capitales. Entre los temas a los que el servicio se habría abierto, aunque aún no hay nada cerrado ni oficial, reconocen las mismas fuentes, estaría permitir que la trazabilidad, es decir, el mecanismo para explicar el origen de los capitales, renta o fondos, sea un período razonable (de un año), pero siempre y cuando los recursos hayan estado en un banco de cierta reputación internacional o que la entidad custodia forme parte de jurisdicciones tributarias con las cuales el SII tiene convenios de intercambio de información. La lógica detrás es que se busque, primero, comprobar dónde estaban los dineros y no indagar el origen como primera medida, ya que si la renta, por ejemplo, estaba en un banco de reputación internacional, eso daría ciertas garantías de que no provendría de ilícitos como el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otro origen dudoso.

Lagos acota que si es así, el SII estaría en condiciones de certificar que la declaración de las rentas en el exterior pasó la “prueba de la blancura, está OK, pero con eso no se evitaría que, por ejemplo, otros organismos con competencias legales para indagar la declaración, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Bancos (SBIF) y la fiscalía pudieran buscar en la documentación otras cosas que no fueran fines únicamente tributarios”.
Pero, además, el SII habría abierto la opción de consultas hipotéticas para que, por ejemplo, una auditora le presentara un caso determinado, con la información correspondiente, y el servicio le señalara que de concretarse la solicitud, ésta fuera potencialmente aprobada. No se trata de un certificado previo, sino de una suerte de visa o fast track y que correría sólo hasta mediados de año, puntualiza Lagos.

Marchant agrega que otro punto que fue planteado al SII es la posibilidad de que en la declaración jurada se pueda informar renta por renta, por cada entidad custodia, de manera que cuando el servicio quiera contrastar y verificar la información con una entidad determinada y respecto de una renta determinada, la contraparte no tenga acceso a los otros bienes o recursos del contribuyente. “Cuando este tema se planteó, el SII no manifestó reparos, sino que más bien señaló que esto ordenaba la declaración jurada”, afirma

Consultado por las conversaciones entre el SII y abogados, en el Ministerio de Hacienda declinaron referirse al tema.

Fuentes: La Tercera
Segunda Parte