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5 de 2015, 2015

2017, el año en que se acabarán los paraísos fiscales

Menos de 48 horas y US$ 1.000 cuesta constituir una sociedad en un paraíso fiscal. Casi nada si se tiene en cuenta que los capitales que hasta ahí llegan no sólo están libres de impuestos. En esos países la fiscalización es laxa, no existe apertura del secreto bancario y tributario y, además, el intercambio de información con otras administraciones es casi nulo. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta 2012 los chilenos tenían activos declarados en esos mercados por unos US$ 5.000 millones.
Estar en paraísos fiscales no ha sido problema para inversores chilenos, pero eso puede cambiar sustantivamente tras vencer la ventanilla única que la reforma tributaria abrió por 2015 para regularizar la situación de capitales chilenos en el exterior que no registran pago de impuestos por salir del país. Si se acogen al régimen especial propuesto, pagarán un impuesto de 8% sobre el total declarado. Pasado el 31 de diciembre, será de 35%, más reajustes, intereses y multas.
Lo anterior, sin embargo, no es lo más complejo que podrían enfrentar esos contribuyentes, sino que será el acceso automático que desde enero de 2017 tendrá el SII a información financiera y tributaria de al menos 75 jurisdicciones, varias de ellas calificadas como paraísos tributarios. De la mano del Convenio Multilateral de Mutua Asistencia Administrativa en Materia Fiscal, suscrito por el gobierno en 2013 y que será ratificado este año por el Congreso, el organismo podrá acceder a rentas y bienes de origen chileno que están en jurisdicciones sobre las cuales no hay antecedentes claros.
En Teatinos 120 reconocen que el compromiso del convenio, que suscribió la Ocde y el G-20, es iniciar los primeros intercambios de información antes de septiembre de 2017 y que implica todo tipo de asistencia para combatir la elusión y evasión de impuestos.
Hoy, el SII puede acceder a información de otras administraciones sólo por la vía de los acuerdos para evitar la doble tributación, los que operan en particular con cada país. Pero el convenio cambia eso y amplía significativamente el abanico, explica Bernardo Marchant, ex director de Grandes Contribuyentes del SII en la primera administración Bachelet. Así, se permitirá intercambiar información previa solicitud (la administración de un país sabe que el contribuyente tiene rentas en otros países y desea confirmarlas); el intercambio espontáneo de información (un Estado detecta información de contribuyentes de otro Estado y la pone a disposición); intercambio automático (los estados acuerdan compartir cierto tipo de información); fiscalizaciones en el extranjero y simultáneas; y asistencia en la recaudación tributaria (cobros y medidas cautelares).
El presidente del Instituto Chileno de Derecho Tributario, Rodrigo Benítez, precisa que el convenio considera dos tipos de intercambio de información. Uno, que es a requerimiento, es decir, el SII consulta específicamente información de un contribuyente chileno en una jurisdicción. El otro, vía intercambio automático, que consiste en que las bases de datos de administraciones tributarias se unifican, estableciendo un número de identificación tributaria internacional de todas las personas. “De esa manera, al cruzar las bases de datos automáticas va a aparecer para el SII información de sus contribuyentes. En el fondo, estamos todos identificados”, dice.

Lo que está en juego
Los expertos sostienen que los principales incentivos para abrir cuentas en paraísos fiscales son cuatro: mantienen regímenes tributarios que no gravan la renta extranjera, lo que facilita el diferimiento de impuestos; existe el secreto tributario; las formalidades para constituir sociedades o entidades son muy flexibles, y algunos vehículos o entidades son usados para ocultar al verdadero dueño de los bienes para eludir impuestos.
El abogado socio auditor de Salcedo & Cía, Marcos Bravo, destaca que el principal incentivo de los paraísos fiscales es generar un grado de confidencialidad y resguardo patrimonial con el menor impacto impositivo (a la renta, herencia y donaciones, etc.) y, asimismo, generar gastos adicionales atingentes a la gestión y resguardo de esos fondos por parte de una administración fiduciaria. También, que al inicio del debate de la reforma se estimaban US$ 50.000 millones de chilenos en el exterior que podrían repatriar capitales, entre ellos, sociedades, trust y otros encargos fiduciarios o mandatarios.
Los datos del Banco Central indican que las inversiones chilenas directas en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales totalizaban US$ 9.166 millones al 2013, sin precisar si eran fondos de pensiones, soberanos, privados y/o de empresas (ver infografía). La cifra se actualizará en julio próximo.
Benítez añade que mantener una sociedad en un paraíso fiscal cuesta al año US$ 500 y que el informe financiero de la reforma prevé que regularizar capitales en el exterior recaudaría US$ 128 millones, “lo que hace estimar que, al menos, los capitales que se declararían llegan a US$ 1.500 millones”.
De ahí que un tema para los abogados locales es cómo impactará el convenio en el acuerdo de doble tributación entre Chile y el Reino Unido, firmado en 2005. Este excluyó los 14 territorios de Ultramar, entre los cuales figuran paraísos tributarios como Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, y Jersey. La cláusula impide al SII pedir información a esas administraciones, pero con el convenio la exclusión se termina, asegura Medardo Lagos, socio de DyP Abogados, Estudio Juan Agustín Figueroa.
Con ello, señala, el SII estará en condiciones de compartir en forma automática información de contribuyentes chilenos con autoridades extranjeras y viceversa, pero también generar un flujo e intercambio de antecedentes relevante en el marco de algún proceso de fiscalización especial. “Las cuentas corrientes, saldos y movimientos, depósitos, transferencias, bonos, son algunos de los ítems que se transparentarán. En el caso del Reino Unido no es fácil lo que viene: quienes tengan cuentas en la actual zona de exclusión del acuerdo de doble tributación, desde 2017 no tendrán esos resguardos y son rentas e inversiones importantes”, advierte.

¿Apurar la repatriación?
Los expertos coinciden en que el régimen especial de repatriación no persigue un fin recaudatorio, pues su efecto es muy marginal respecto de la recaudación total de la reforma en régimen: US$ 128 millones versus US$ 8.300 millones, respectivamente.
Marchant, hoy partner de Servicios Tributarios de EY, apunta que el régimen especial se enmarca en las nuevas estrategias de fiscalización del SII para el control de rentas y bienes en el exterior. Por eso, dice que en la auditora están recomendando, “en principio, evaluar el cumplimiento tributario de las rentas y activos en el exterior y mantener o regularizar su situación tributaria en miras a las nuevas facultades del SII (intercambio de información), las nuevas obligaciones de informar estas rentas (declaraciones juradas) y las nuevas normas antielusivas que trae aparejado un régimen sancionatorio más estricto”.
Lagos agrega que dado que la franquicia a la repatriación tiene como objetivo central tener a la mayor cantidad de contribuyentes en regla y que aún hay tiempo para prepararse, “estoy haciendo ver a algunos clientes, que están evaluando acogerse o no, que si bien es válido no hacerlo, deben tener presente que en 2017 el SII accederá a la información sobre esas rentas. Quien hoy decida no transparentar su patrimonio puede que quede cubierto por un tiempo más, pero no mucho más”.
En Salcedo & Cía., en tanto, están recomendando hacer un diagnóstico de la situación patrimonial o de ‘inversiones pasivas en el exterior’ que tengan personas naturales y jurídicas, con el objetivo de analizar los diferentes escenarios permitidos por la ley y que no representen una situación de evasión de impuesto y/o fraude. “Preguntas recurrentes son: ¿Cómo voy a declarar si esto es dinero en negro? ¿Cómo me aseguraré que el SII o la UAF me fiscalice todos los años para acreditar dichos fondos? ¿Qué pasa si no tengo cómo acreditar dichas rentas? ¿Qué es eso de la trazabilidad de los dineros declarados?, comenta Bravo.
“El diagnóstico que estamos recomendando como firma es clave para evaluar los diferentes escenarios y determinar la existencia de algún grado de contingencia, sobre todo teniendo en consideración como mecanismo para repatriar dichas rentas el beneficio que sólo opera en 2015”, añade.
Benítez, quien también es socio de Tax & Legal de BDO, subraya que en su firma la política es hacer ver a los clientes que la información financiera y tributaria cada vez más se está transparentando en Chile y el mundo como requisito ineludible. “Los bancos y las instituciones de inversión están exigiendo que los capitales depositados en esas entidades estén declarados en el país de origen y pagando sus impuestos. La sanción de no cumplir este requerimiento es el cierre de las cuentas y la eventual denuncia por conductas sospechosas”, afirma el experto.

El nuevo Código
Pasado el período de gracia para los capitales chilenos en el exterior no declarados, en el SII existirá la duda de por qué un inversionista no quiso regularizar sus rentas y la presunción de que no hubo buena fe por parte del contribuyente, plantea Lagos, quien fue abogado de la Subdirección de Fiscalización y de Grandes Contribuyentes del SII hasta 2002.
“Si arma el caso, el SII aplicará la tasa del 35% más intereses, multas y reajustes, pero también se abre un riesgo desde el aspecto penal. Desde el 2017 vamos a estar hablando de otro Código, no el Tributario, sino el Penal’”, advierte.
Marchant recuerda que la reforma tributaria incorpora sanciones más graves para los contribuyentes que estando obligados a informar y declarar rentas de fuentes extranjeras las omiten de sus declaraciones, “llegando a configurar sanciones penales en los casos de omisión de información que posteriormente sea detectada”.
En opinión de Bravo, la “franquicia o amnistía” significaría quizás una prueba previa de la blancura ante los organismos reguladores, como la Unidad de Lavados de Activos (UAF), mientras que está la problemática de quienes no se acojan al beneficio. “Ante una fiscalización por parte del SII en base al intercambio de información podrán recibir sanciones con multas gravísimas y, además, quedaría como una agravante no haber realizado la declaración. Esto podrá generar cierto grado de controversias judiciales”, sostiene.
Desde 2003, Chile tiene un listado formal de 39 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, que no actualiza desde 1998.

Reforma Tributaria

Fuentes: La Tercera
Segunda parte