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10 de Julio, 2015

A la espera de la nueva normativa

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares se encuentra en tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en un proceso iniciado en marzo de este año tras la presentación de una Indicación Sustitutiva por parte del Ejecutivo. Esta propuesta, más acotada que la iniciativa original impulsada por el Legislativo, enfrenta fuertes cuestionamientos tanto desde el mundo minero como de las organizaciones ecologistas.
Junto con reiterar la protección de los glaciares que se encuentran dentro de Parques Nacionales o Reservas de Región Virgen (donde se aplica una restricción absoluta a actividades económicas que puedan afectarlos), la propuesta en análisis crea la figura de Reserva Estratégica Glaciar, compuesta por uno o más de estos cuerpos de agua que se consideran como una reserva hídrica relevante para la cuenca en que están emplazados. En dichos espacios –a definir más adelante- se prohibirá la realización de toda obra, programa o actividad con fines comerciales, así como la remoción, traslado, destrucción o cubrimiento de los glaciares con material de descarte.
La propuesta añade que respecto de aquellos que no estén en esta categoría de reserva estratégica, o dentro de un parque o reserva, “a cualquier intervención que se haga sobre ellos se aplicarán las modificaciones que contiene este proyecto de ley sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que implica que los proyectos tienen que solicitar –en el marco de dicho sistema– un permiso ambiental sectorial, lo que nos permite garantizar la protección del cien por ciento de los glaciares del país”, afirmó en el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, al dar a conocer la indicación.
Miradas contrapuestas
Consultado si esta propuesta dificulta la explotación de nuevos yacimientos, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señala a MINERÍA CHILENA que una gran cantidad de proyectos y prospecciones están considerados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins. “Por razones geológicas, en esta área existe una alta superposición de glaciares y reservas de cobre, sobre el 50%. Partiendo de esta realidad, la intensidad de las trabas a futuros proyectos mineros dependerá del criterio que guíe la definición de estas reservas estratégicas, que de acuerdo al proyecto de ley queda en manos de un reglamento”, puntualiza.
Desde la mirada crítica de los ambientalistas, Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, estima que “la propuesta de reserva estratégica glaciar, como está planteada por el Ejecutivo, es un estatus que podría aplicarse a los glaciares en el futuro, siempre y cuando el Gobierno lograra reunir los recursos para estudiar cada uno de los glaciares y fundamentar que son reservas relevantes de agua. Es decir, no busca protección general, y (está) sujeta a los recursos que debamos poner todos los chilenos para este fin. Por tanto, esa propuesta es un saludo a la bandera”.
A su juicio, una ley de glaciares debe abordar la protección de estas reservas hídricas desde una mirada integral, ya que “son ecosistemas que incluyen agua superficial o subterránea que alimentan de forma considerable la escorrentía de aguas a ríos en periodos estivales y de sequía, permitiendo abastecer de agua potable a las ciudades, el riego agrícola y todas las actividades industriales que sostienen el desarrollo regional”, añade.
Falencias y virtudes
Joaquín Villarino si bien reconoce avances con respecto a la moción parlamentaria original, que proponía “objetos de protección tan amplios como el permafrost, prohibiciones casi absolutas y efectos retroactivos con riesgos de institucionalidad”, señala que la indicación del Ejecutivo “nos deja serias inquietudes. Se precisaron algunas definiciones y los objetos a proteger, pero subsiste la tendencia a la protección per se, en vez del análisis razonado sobre el aporte de cada glaciar en términos hídricos y ecosistémicos. La propuesta también introduce una revisión de los permisos ambientales ya otorgados, con la consecuente inestabilidad en las reglas”.
En tanto, Sara Larraín destaca de la indicación el reconocimiento de los glaciares como reservas de agua dulce y como proveedores de servicios ecosistémicos, además de la consideración de éstos como bienes nacionales de uso público y la prohibición de solicitar derechos de aprovechamientos de agua sobre ellos. Y en contraposición a lo planteado por Villarino, resalta la revisión de las RCA de proyectos que se encuentren en ejecución.
Sin embargo, identifica como falencias que “sólo prohíbe obras, programas o actividades comerciales en glaciares que se encuentren en Parques Nacionales o Reservas de Regiones Vírgenes, los que ya están protegidos por la legislación vigente”, enfatiza.
La visión de EY
EY ha analizado el proyecto de Ley de Protección de Glaciares. De acuerdo con Alejandra Medina, líder de consultoría en sostenibilidad de esta firma, la indicación sustitutiva del Ejecutivo es menos restrictiva que el proyecto original: “Con la indicación eso se acotó y la única restricción absoluta es para desarrollar actividades económicas en glaciares que estén dentro de una reserva o dentro de un parque”.
Según la experta, las nuevas limitaciones son para aquellos glaciares que se “decreten reserva estratégica”, concepto que no estaba en el proyecto impulsado por los parlamentarios, y que se deberá sustentar sobre una base técnica: “Varios ministerios participan en esa declaración, como el de Medio Ambiente, con un reporte de la Dirección General de Aguas, que debe basarse en información del mismo Ministerio de Medio Ambiente. Y finalmente también debe haber una resolución favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, explica.
Añade que esta nueva figura de reserva estratégica puede significar para las compañías del sector mayores medidas de mitigación para los proyectos que actualmente están en desarrollo.
Del mismo modo, plantea como recomendación para las empresas extractivas evaluar cuáles de sus emprendimientos futuros pueden estar afectados por el concepto de glaciar en la ley o del entorno de cuerpos de agua, y analizar si tienen planificadas actividades que eventualmente van a estar restringidas y qué cambios deben hacer a su proyecto, advierte.

Fuente: Minería Chilena