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25 de Julio, 2016

Alejandra Medina: "Los consumidores tendremos que entender que mejores estándares ambientales implican una Eco-Tasa"

—La OCDE liberó su informe de evaluación de desempeño ambiental, donde estableció que Chile es de los países más contaminado de la organización. ¿Era esperable?

—Sí, porque en el fondo nos estamos comparando con el mundo más desarrollado. Ahora, si bien eso es cierto, la OCDE ha reconocido también los avances que se han ido generando, por ejemplo, respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que cambió el 2013, la creación de los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente y las nuevas sanciones (que se multiplicaron) por infracciones a los compromisos medioambientales.

—¿Está de acuerdo, según indicó el estudio, que el modelo basado en recursos naturales en Chile está llegando a su límite?

—No creo que esté llegando a su límite. Efectivamente somos bastantes dependientes, un porcentaje importante del PIB es industria extractiva, pero lo que falta es incorporar elementos de innovación, de investigación y de desarrollo. Exportamos mucho producto con poco valor agregado, donde los datos de la OCDE siguen siendo lapidarios para Chile, siendo que invertimos menos de 0,5% del gasto en I + D.

—Varias de las medidas apuntaron a subir los 'impuestos verdes', ¿le parece que es una medida que debe reforzarse?

—Lo que dice la OCDE es que si bien es un avance tener los impuestos verdes, en términos de tasas, son insuficientes. Ahora, los impuestos verdes tienen que ser de todas maneras graduales, porque implican realizar cambios tecnológicos que es difícil hacerlos muy rápido en el caso de las industrias. Los impuestos podrían ir avanzando en la medida en que las mismas industrias vayan incorporando nuevas tecnologías, que a su vez los hacen tener menos emisiones contaminantes y tiene una posibilidad razonable de ir cumpliendo con la norma.

—Uno de los sectores contaminantes más destacados en el informe es el minero. ¿Está de acuerdo con la necesidad de reforzar medidas en esta dirección?

—Antes de la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, las multas más altas eran entre $18 y $30 millones. En cambio, ahora las multas por infracciones medioambientales llegan hasta los US$14 millones. Por otra parte, era poco probable que te fueran a fiscalizar, pero ahora las propias empresas tienen que reportar sus compromisos. Dicho esto, me parece que en particular las empresas mineras han internalizado lo que significa gestionar bien sus compromisos ambientales. Sí queda mucho por hacer, por ejemplo, diría que hay que mejorar la relación con las comunidades aledañas a sus faenas, porque finalmente todos los conflictos sociales que tienen las empresas mineras tienen un origen en algún impacto ambiental.

— ¿Hay una pérdida de competitividad en el ámbito internacional cuando Chile, tanto de manera pública como privada, no cumple con los estándares ambientales?

—En la medida en que el sistema se aplique a todas las empresas y que el Ministerio del Medio Ambiente junto a la Superintendencia eviten tener empresas que no cumplen, no deberían haber problemas de competitividad.

Un punto débil de la ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que destacaría es que dejó abierto a que se haga una consideración especial a las micro, pequeñas y medianas empresas. A mi juicio, eso no debería ser así, porque cualquier productor debiera estar obligado.

Eventualmente puede plantearse un apoyo a las pymes para el cumplimiento de la ley, porque si se deja ese espacio en algunos productos, puede ocurrir que este segmento acapare el 40% de la cuota del mercado con un bien que no cumple con los estándares ambientales… ojalá esto quede resuelto en la discusión de los decretos.

— En esa línea, ¿cuáles son los principales aportes del Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente?

—En el fondo, este programa es el apoyo del Estado a la Ley de REP, que establece un cambio bastante grande al obligar a los productores a hacerse cargo del residuo del producto que están poniendo en el mercado. Al mismo tiempo, la ley quiere incentivar a que ese producto tenga menor cantidad de material no reciclado. Además, busca motivar a los consumidores a hacerlo de forma sustentable.

De todas formas, es un programa que recién está partiendo, y aunque la ley tiene bastantes debilidades todavía, hay un espacio de conversación con los distintos actores involucrados. Se pueden revisar los decretos que harán efectiva la ley, para así mejorarla.

—¿No ha habido capacidad de autorregulación en el mercado?

—Por el lado de las empresas creo que si hay conciencia, pero además ahora tienen una obligación clarísima. Se creará una meta de reciclaje de un porcentaje de los productos que están poniendo las empresas en el mercado. Es muy probable que antes de finalizar el próximo año, las metas para envase y embalaje ya estén establecidas, y las distintas empresas se están organizando para cumplir en forma colectiva esa meta. Ahora, donde es más difícil, y veo que no hay tanta conciencia, es en los consumidores. Chile tiene la tasa más alta de Latinoamérica en residuos sólidos y el uso del material reciclado es solo del 10%. Es decir, hay muchos desafíos que son urgentes, ya que el nivel de residuos que estamos generando como país es insostenible.

En este sentido, si la empresa está organizándose para recuperar un residuo, reciclándolo y valorizándolo, los consumidores vamos a tener que entender que va a haber una ecotasa, o eco-valor, que corresponderá al costo de reciclar ese producto.

Fuente: Diario Estrategia